Analizar los vínculos económicos actuales y posibles entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, en el gravísimo contexto mundial actual, implica desentrañar con claridad los desafíos y reajustes que los escenarios geopolítico y económico están exigiendo, bajo el impacto de una guerra irracional y en medio de un panorama de estanflación o recesión aguda que recorre todos los pronósticos.
Por Antonio López Crespo
Relaciones transatlánticas
En diciembre de 2020, Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de la UE, aseguraba, tras una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE y de América Latina y el Caribe, que la región constituía un socio fundamental para la Unión Europea.
En esa reunión se insistió en dar una nueva dimensión a ese vínculo que ofrecía la oportunidad de establecer “una nueva” relación transatlántica. Apenas dos meses después, Europa daba prioridad —una vez más— a su relación transatlántica histórica con la entente anglosajona y avalaba las directivas de EE. UU./OTAN para alimentar con fondos y armamentos el conflicto bélico en Ucrania tras la decisión rusa de reconocer la independencia de las separatistas Donetsk y Lugansk a consecuencia de la guerra en el Donbás.
Sorprende a cualquier analista sensato que los líderes de la UE dejaran escapar tres oportunidades consecutivas para asentarse como un poder mundial independiente y equilibrado entre las pretensiones hegemónicas de EE. UU. y el propósito de China, Rusia y otros países emergentes de disputar un lugar en la mesa de las decisiones globales.
Oportunidades perdidas
La primera oportunidad perdida fue la “cancelación” del acuerdo estratégico-comercial con China que había costado siete años de negociaciones y que significaba no solo el acceso de las empresas europeas al gigantesco mercado asiático, sino —mucho más trascendente— contribuir a un proceso chino de aceptación de las reglas europeas de convivencia, lo que Mark Leonard llamó el soft power europeo en su brillante libro Por qué Europa liderará el siglo XXI (2005).
La expectativa de Leonard se asentaba en la influencia del “poder blando” que la UE exporta fuera de sus fronteras. El actual director del European Council on Foreign Relations hablaba de una “euroesfera”, ese centenar de países a los que la UE brinda oportunidades económicas y comerciales, y sobre los que, al mismo tiempo, puede influir en favor del respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia.
Esa capacidad de influencia contrasta con la de EE. UU., que se basa en la fuerza militar, pues concibe el mundo en términos de única superpotencia. Washington cree en una “alianza” de países que giran a su alrededor, sin percibir —o negándolo— que marchamos hacia un mundo multipolar con la presencia relevante de China, India, Rusia y otros.
La segunda oportunidad perdida fue la pobre lectura que los líderes de la UE hicieron de la condición europea de Rusia. Como señala Josep Puigsech Farràs, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona: “Indiscutiblemente, Rusia es Europa. Lo es geográficamente, puesto que la parte occidental del país forma parte del continente europeo. Pero segundo, y más importante, lo es conceptualmente: Rusia ha sido parte determinante en la historia contemporánea europea”.
El soft power europeo tenía la oportunidad de seguir ampliando los vínculos y sumando a Rusia a la sociedad estratégica que se estaba construyendo y que garantizaba paz y prosperidad. Hay que recordar que el equilibrio geopolítico mundial —como lo sostuvieron relevantes geopolíticos como George Kennan, Churchill o Henry Kissinger— requiere que Alemania y Rusia no jueguen en bandos opuestos. Cuando lo han hecho, se han desatado tragedias como las dos guerras mundiales del siglo XX.
Kennan insistía en que para contener a Rusia no se requiere contención militar sino valores comunes. Eso es “Europa”. Y cobra forma en la Unión Europea. Cuando Rusia acepta la reunificación alemana, hay una “reconciliación” que recupera la gran fortaleza moral de Europa y abre uno de los momentos más luminosos de paz y prosperidad mundial.
En 2020, la UE seguía siendo el mayor socio comercial de Rusia, y este el cuarto mayor socio de la UE, un intenso comercio bilateral que se regía por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1994. Tras la caída del Muro de Berlín (1989), los que durante más de cuatro décadas de Guerra Fría fueran bloques antagónicos habían logrado un acercamiento tal hasta convertirse en socios vitales en varios segmentos.
La UE fue el mayor proveedor de asistencia económica y técnica a Rusia mediante el programa comunitario TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) y la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. La colaboración energética a través de la red transeuropea de energía llevó a que Rusia fuera el proveedor del 30% del gas natural y del 18% del petróleo de la UE, que posibilitó con sus bajos costos la bonanza económica europea de las últimas décadas. Ese abastecimiento de energía llegó a superar el 90% en algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, expaíses de la esfera soviética.
Esa colaboración energética llevó a la construcción del gasoducto noreuropeo (Nord Stream) y a la participación de la alemana Ruhrgas AG en la estatal rusa Gazprom, única firma occidental asociada al gigante ruso. La moneda con la que se comercializó todo ese proyecto fue el euro, que generó cierto desplazamiento del dólar como moneda mundial para las operaciones de petróleo y gas, lo que consolidaba al euro, al punto de convertirlo en la principal moneda de reserva de Rusia y destronando al dólar en las arcas rusas.
La coronación de ese proceso fue la decisión de Rusia y Alemania de construir el Nord Stream 2 para ampliar las alternativas de suministros y rebajar los costos que suponía pagar los peajes que cobraban Ucrania y Polonia. El tendido de Nord Stream 2, que se llevó a cabo en 2018-2021 financiado por Gazprom y varias compañías energéticas europeas, duplicaba el suministro a mejor precio y excluía los peajes territoriales.
El Nord Stream 2 supuso la firme oposición de Ucrania y Polonia (con regímenes nacionalistas de fuertes connotaciones neonazis), pero sobre todo de EE. UU., que veía dos peligros claros: una mayor autonomía y fortaleza de las decisiones europeas y el fin de toda oportunidad para que el gas estadounidense proveniente del fracking pudiera hacerse con parte del negocio energético que ofrecía la demanda europea.
Pese a las declamaciones, nunca estuvo en juego que los gasoductos aumentaran la influencia de Rusia en Europa, sino la gran reducción de las tarifas de tránsito por su uso que impactaba sobre algunos países de Europa oriental y eliminaba a EE. UU. como posible proveedor.
Los vínculos de soft power europeo habían logrado que Moscú firmara el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático a cambio de dar su respaldo a la aspiración rusa de integrarse en la Organización Mundial del Comercio (2012). Hay que recordar que el acuerdo de Rusia y la UE para firmar ambas incorporaciones tuvo el rechazo de EE. UU. En 2015, al firmarse en París el primer acuerdo vinculante sobre el clima por 195 países, Europa tuvo un papel muy activo sobre el Gobierno del primer ministro ruso Dmitri Medvédev para que lo firmara, como sucedió en 2019.
La tercera oportunidad perdida se resume en el propio conflicto en Ucrania. Una postura de la UE más coherente con su defensa de la lucha climática y la paz y el rechazo a las “soluciones armadas” y la salvaguarda del “Estado de bienestar” para sus ciudadanos imponía continuar con su histórica negativa a incrementar su presupuesto militar y a financiar la expansión de la OTAN.
Pero los líderes europeos hicieron una pobrísima lectura de la condición europea de Rusia y se adhirieron al “vasallaje” que alguna vez denunciara el propio ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, quien, casi con sentido profético, reclamaba “una Europa poderosa frente a EE. UU. y China” como condición imprescindible para evitar “desaparecer o reducirse a nada en la escena internacional”.
En la presentación de su libro Le nouvel empire (El nuevo imperio) en abril de 2019, Le Maire hacía un análisis sombrío de la aventura comunitaria: “Por primera vez desde 1957, la UE puede desaparecer o reducirse a nada en la escena internacional. Estamos frente a una elección simple entre una ‘unidad más fuerte’ o ‘una feudalización de naciones’ replegadas sobre sí mismas, incapaces de trabajar en común”.
Su voz resuena hoy como aquel camino ejemplar que la UE había propuesto a la humanidad tras la tragedia nacionalista de siglo XX y que parece haber extraviado definitivamente: “Yo propongo un nuevo imperio, una potencia europea entre la Nueva Ruta de la Seda china y el America First de EE. UU. Un imperio tranquilo con reglas, que respeta el Estado de derecho, con fronteras, con cultura y con naciones que tienen cada una su cultura, su memoria que debe ser respetada”.
Le Maire anticipaba con lucidez que “Europa debe afirmarse más allá de eje francoalemán, abrirse al este. Si no, será avasallada por China y EE. UU. No es una fórmula retórica, es una realidad”. Un año antes había recordado que las potencias del continente no deberían aceptar que EE. UU. sea “el policía económico del mundo” porque Europa no es “vasallo” de EE. UU. y puede establecer libremente sus relaciones con los demás países.
El ministro de Macron recordaba una oportuna frase de Alexis de Tocqueville: “Si no logramos a tiempo fundar un imperio tranquilo entre la mayor parte de nosotros, pronto o tarde llegará el poder ilimitado de uno solo”.
El poder de uno solo
Y el poder de uno solo llegó. William Kristol (editor del influyente Weekly Standard) y Robert Kagan (autor del best seller Fuerza y debilidad), coautores de Peligros presentes, auténtica “biblia” del pensamiento ultraconservador de EE. UU., sostienen que las claves del pensamiento y la estrategia que fundamenta el nuevo orden político internacional americano son la “sagrada misión de EE. UU.” en su lucha contra el eje del mal y el “pleno unilateralismo” en las relaciones internacionales.
Kristol escribía en Foreign Affairs en 1996 que “la hegemonía estadounidense es la única defensa confiable contra la ruptura de la paz y el orden internacional”. Lo ratificaba en 2017 cuando aseguraba que “EE. UU. debe controlar los poderes asertivos de Rusia y China antes de que sea demasiado tarde. Aceptar esferas de influencia es una receta para el desastre”.
Allí estaba el germen del conflicto en Ucrania que Victoria Nuland —justamente la mujer de Kagan— se encargó de precipitar. Diplomática de carrera y lobista del complejo militar-industrial de EE. UU. (General Dynamics, Northrop Grumman y otras), es una ferviente defensora del belicismo de la política exterior de su país. Como asesora del vicepresidente Dick Cheney (2003-2005), fue promotora de la invasión y ocupación de Irak, y entre 2005 y 2008 —ya nombrada embajadora ante la OTAN— propició la ocupación de Afganistán.
Nuland ha sido una pieza clave en la historia reciente de Ucrania. En sintonía con el pensamiento de su marido y de Kristol considera que “aceptar esferas de influencia es una receta para el desastre”. Como secretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, promovió las protestas de grupos nacionalistas y neonazis contra el Gobierno de Yanukóvich hasta su derrocamiento por su oposición a la integración de Ucrania en la UE y la OTAN.
En su extremismo declarado, Nuland llegó a participar personalmente en las manifestaciones de la extrema derecha ucraniana en la plaza Maidan (diciembre de 2013). Y, cuando Washington optó por designar como nuevo primer ministro a Yatseniuk, muy vinculado a los bancos, el embajador de EE. UU. sugirió antes hacer consultas con los socios europeos. La respuesta de Nuland fue famosa y se hizo pública en todo el mundo: “¡Al carajo con la Unión Europea!”. Los sumisos gobiernos vasallos de la región solo se limitaron a decir que les parecía una respuesta inapropiada. El predominio de uno solo había llegado. Tocqueville tenía razón. Y fue Nuland quien afirmó que el Nord Stream 2 nunca se pondría en funciones.
Que los líderes europeos no comprendieran que Rusia, el país más grande del mundo (17,1 millones de km²), con más de 9.200 km desde Kaliningrado al estrecho de Bering, con una frontera terrestre (la más larga del mundo) de más de 20.000 km, mantenga una entendible preocupación histórica por su seguridad nacional es una torpeza política de dimensiones.
Rusia tiene frontera con 16 países y solo lo separan de EE. UU. 3,8 km entre las islas Diómedes Mayor (Rusia) y Diómedes Menor (EE. UU.) en el estrecho de Bering. Rodearla con la OTAN no parece un camino hacia la convivencia pacífica. La UE aceptó mansamente la estrategia de Washington sin prever las consecuencias que hoy pagan su economía y sus ciudadanos. Y se aleja cada vez más de significar aquella tercera opción de “un imperio tranquilo” entre China y EE. UU. que reclamaba Le Maire.
Relaciones UE-América Latina
Trazar un nuevo camino
Toda esta disgregación viene a cuento para poner en contexto los vínculos comerciales entre la UE y los países de América latina y el Caribe. En aquella reunión de 2020, Borrell definía la relación birregional como un vínculo por debajo de su potencial: “No me cansaré de decirlo: los europeos y los latinoamericanos somos en muchos sentidos los pueblos más afines del mundo. Compartimos estrechos lazos, historia, cultura, y una visión común sobre cómo queremos organizar nuestras sociedades y nuestras economías. Sin embargo, nuestra relación birregional sigue estando por debajo de su potencial. Debemos trabajar más estrechamente para hacer frente a los grandes desafíos que compartimos y defender nuestros objetivos en la esfera internacional, con el peso que nos corresponde”.
La frase suena linda, pero el diagnóstico del vicepresidente de la UE no es certero. Quizá exprese la visión de una parte de la población de algunos países del sur europeo (como España, Italia o Portugal), pero de ninguna manera esa afinidad tiene la dimensión planteada por Borrell.
Es cierto que juntos representamos casi un tercio de los votos en Naciones Unidas y que Latinoamérica es un socio político y comercial importante para la UE, como afirma. Es el primer contribuyente en materia de ayuda al desarrollo en la región y en volumen de inversión extranjera directa con casi 800.000 millones de euros. Europa invierte más en la región que en China, India, Japón y Rusia.
Desde la perspectiva latinoamericana también el vínculo con la UE es trascendente y debería tratarse de una alianza que fuera mucho más allá de lo económico. Pero para trascender los actuales límites y construir esa “otra alianza transatlántica” es necesario analizar las actuales limitantes. No basta con proclamar que “Europa debe prestar la atención que merece a también nuestra ‘otra’ relación transatlántica”. Ni que somos los más afines del mundo…
Es casi irónico que Borrell planteara en diciembre 2020 que el objetivo de la asociación UE-América latina debería fortalecer la autonomía estratégica de ambas regiones, su capacidad para defender sus propios estándares y valores y ser una “alternativa al sistema internacional basado en la rivalidad geopolítica que enfrenta a China y EE. UU.” para solo dos meses después claudicar de la manera más sonada para plegarse a una guerra en territorio europeo cuyo único y manifiesto beneficiario es EE. UU.
Por si queda algún lector desprevenido, basta con repasar el “extraordinario negocio” que EE. UU. ha hecho con la guerra. Prometió sustituir el gas ruso por el propio, aunque con un perjuicio del 40% contra las arcas europeas. Pero la realidad ha sido más cruel. Arrastrar a Europa a una ruptura con su mayor socio y proveedor de energía ha llevado a que el precio histórico de largo plazo que pagaba la UE, que era de 12 a 15 dólares, se haya incrementado hasta los 148 dólares; es decir, que la UE está pagando entre diez y doce veces su precio medio histórico, con un aumento del 87% en el intermensual junio-julio.
Un negocio “redondo” que le quita a Europa toda competitividad. Como señala el analista económico José Antonio Vizner (Negocios TV), “Amigos americanos, ¡gracias por forrarse a costa nuestra! Esa es la realidad, el drama de Europa ahora mismo. Mientras el ‘malo’ te ha cortado el 40% del suministro, el ‘otro malo’ te lo está vendiendo a más del 40% de lo que te vendía el malo y encima tenemos que darles las gracias a los americanos porque ahora Europa es dependiente del gas de EE. UU.”.
Una verdadera agenda común de cooperación y diálogo debería basarse en el bienestar de la ciudadanía (democracia, derechos humanos, inclusión, renovación del contrato social, terminar con el hambre y la pobreza y enfrentar en conjunto la lucha climática y el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas).
Prestar atención a la “otra” relación transatlántica y construir una dimensión actualizada de ella debería implicar un cambio en la lógica que ha predominado en cierta mirada europea sobre la región latinoamericana. Advertir los resabios de colonialismo y de una cultura —que ha filtrado a todo Occidente y de la que EE. UU. es su más torpe exponente— como poseedora de una “verdad única” (religión, sistema económico y sistema político) sin atender a que casi 6.000 millones de humanos han elaborado otras soluciones y sistemas.
Para EE. UU. y buena parte de Occidente hay un único sistema económico, político y cultural posible: el propio. El resto es atraso o manifestaciones autocráticas. Esa “única verdad” es profundamente totalitaria e imprime toda la cultura occidental. Y ha sido el fundamento de las mayores atrocidades.
El otro resabio a abandonar es la tendencia a considerar a la región como un territorio de extracción de recursos y dominio de servicios de alta rentabilidad, muchas veces bajo formas monopólicas (extracción petrolera, electricidad, telefonía, servicios financieros, etc.). Un ejemplo de ello puede verse en la extracción pesquera en el Atlántico sur, donde buques coreanos, taiwaneses, chinos, pero también españoles o de esta nacionalidad asociados con británicos y otros europeos, se llevan o descartan 1.405.000 toneladas anuales. Según un estudio del especialista César Lerena, un cálculo al valor FOB, implica que solo Argentina perdió en los últimos 40 años la suma de 151.200 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones de dólares se extrajeron del área de Malvinas, que la ONU reconoce como territorio argentino.
Esa expoliación no solo significa un gravísimo deterioro de los ecosistemas marinos (ver reciente acuerdo de la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC), sino la pérdida laboral de 10.000 empleos en Argentina y la “atrocidad” de que el PIB de los isleños de Malvinas sea de 97.893 dólares per cápita/año mientras que el de Argentina es 11,4 veces menor (8.579 dólares en 2020).
Multiplicar el comercio y la asociación
Uno de los grandes frentes de trabajo conjunto es el que ofrecen los acuerdos comerciales y de asociación vigentes y en desarrollo, que podrían constituir un elemento decisivo en la construcción de “otra” relación transatlántica entre la UE y América Latina.
Desde la perspectiva europea, los socios comunitarios buscan “intensificar y acelerar” los pasos para terminar de ratificar acuerdos comerciales en curso tanto en Latinoamérica como otros que negocian con India y Nueva Zelanda. La guerra en Ucrania obliga a redefinir, como hemos señalado, los equilibrios geopolíticos. El giro impuesto por EE. UU. para convertir en “enemigos” a quienes caminaban hacia “socios estratégicos” de Europa, como China y Rusia, supone una tarea de final incierto.
Así lo considera Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión Europea y responsable de Comercio. En la reunión de ministros de Comercio de la UE, a comienzos de junio pasado en Luxemburgo, señaló: “Necesitamos reconsiderar el panorama geopolítico actual para garantizar la seguridad de nuestras cadenas de suministro y crear nuevas oportunidades para nuestros exportadores”. Dombrovskis ha advertido que la política comercial adquiere en el contexto actual una importancia fundamental frente a retos económicos y geopolíticos.
Para el funcionario letón hay necesidad de una relación “más estrecha y profunda con socios en los que confiar”. Y puso como ejemplo las relaciones sino-europeas, que, a su juicio, “son cada vez más complejas”, debido a lo que consideró “una posición ambigua de Beijing ante la barbarie rusa”. Una vez más, aparece esa lógica occidental de que solo hay una “interpretación posible” de los hechos. Claro que después hay que doblegarse ante la real politik y admitir que la UE y China deberán ser “capaces de hablar» teniendo en cuenta los importantes vínculos económicos que mantienen y su relevancia en el escenario internacional.
El comisario de Comercio de la UE sostuvo en Luxemburgo que contaba con un “amplio consenso entre los 27 para avanzar” en los acuerdos cuya conclusión está paralizada o en punto muerto, pese al cierre de las negociaciones, como sucede con los de Chile, México o Mercosur. También aseguró lo mismo para los que están en proceso como los citados de India y Nueva Zelanda.
Pero en ambos casos las expectativas son tibias, ya que no hay una fecha precisa para alcanzar los resultados. Su despedida fue decepcionante: “Trabajamos activamente para concluir los procesos abiertos en los próximos meses o, al menos, en los próximos años”. Es decir, parálisis o el insondable reino de la burocracia de Bruselas.
América Latina y el Caribe aportan el 14% de la producción mundial de alimentos, contribuyendo con más de la mitad de las exportaciones mundiales de banano, azúcar y soja y más del 25% de las exportaciones globales de café, carne bovina, carne de pollo y maíz. Efectivamente, puede contribuir a paliar la inseguridad alimentaria global.
La UE y América Latina comparten una intensa red de vínculos e instituciones. En los últimos años se han negociado acuerdos de asociación política, cooperación o comercio que cubren las relaciones con 27 de los 33 países latinoamericanos. Repasemos los tres que concitan la preocupación actual.
Acuerdo UE-Mercosur
La paralización del acuerdo de libre comercio entre UE y los países del Mercosur está centrada en la fuerte oposición de algunos países comunitarios, como Francia, cuyos intereses colisionan en el terreno agrícola con Argentina y Brasil. Pero el conflicto bélico en Ucrania ha encendido las alarmas sobre la seguridad de sus suministros y el posible deterioro de la economía comunitaria, por lo que el Mercosur aparece como un mercado de renovado interés.
El proceso para lograr un tratado de libre comercio entre ambos llevó veinte años de duras negociaciones. Cuando finalmente se alcanzó el consenso, en el liderazgo europeo se instaló la convicción de que el acuerdo era políticamente inaplicable y debía quedar paralizado. Se repetía la lamentable situación del acuerdo europeo con China.
Pero el descalabro provocado por la guerra en Ucrania y las imprevisiones europeas respecto de sus consecuencias desató una creciente preocupación en Bruselas acerca de la seguridad de su abastecimiento energético y el acceso de materias primas y alimentos, lo que ha revivido el interés por el Mercosur.
En el encuentro de mayo pasado entre el canciller Scholz y el presidente argentino Fernández, Alemania se manifestó dispuesta a acelerar la concreción del acuerdo. “Alemania apoya la realización de un ambicioso acuerdo UE-Mercosur por razones geoestratégicas, económicas, de política exterior y de sostenibilidad».
Desde el punto de vista europeo, una de las dificultades a sortear es que desde el Mercosur deben asumir “compromisos jurídicamente vinculantes en materia de protección del medio ambiente, social y de derechos humanos que puedan aplicarse y verificarse”. Y desde la óptica sudamericana, esas exigencias de protección del clima y la naturaleza deberían contar con la ayuda financiera de la UE, además de reducir el excesivo proteccionismo de sus políticas comerciales.
Entidades privadas de gran peso político, como la Federación de Industrias Alemanas (BDI), creen que “el Gobierno alemán, durante su presidencia del G7, debería enviar una fuerte señal a favor de la apertura de los mercados y el multilateralismo. E impulsar la firma de acuerdos comerciales con los países del Mercosur, Australia y la reforma de la OMC”.
Pero si bien la guerra ha estimulado la necesidad de avanzar en la concreción del acuerdo, persisten dificultades políticas no menores. Para Macron, las elecciones presidenciales de octubre en Brasil con una hipotética reelección de Bolsonaro haría imposible la firma del acuerdo. Bolsonaro mantiene una agria disputa con el presidente francés, con agravios personales, además de ser considerado un “enemigo” por las organizaciones ambientales, que le atribuyen su activa contribución a la deforestación del Amazonas. Algo que tampoco deja a salvo a su contrincante, el expresidente Lula da Silva, que deforestó la selva amazónica en su primer mandato (2003-2007) por encima de los niveles de Bolsonaro, lo que es mucho decir.
Por otra parte, será difícil para Europa hacer valer sus pretensiones “verdes” involucrada en una guerra que las propias Naciones Unidas definen como “un conflicto estimulado cínicamente por la industria de los combustibles fósiles”. La UE y Alemania especialmente (con los “verdes” integrados a la coalición gobernante) tendrán que encontrar la “cuadratura del círculo”: cómo combinar los declamados objetivos climáticos con el regreso a la energía a base de carbón, la contribución financiera y de armas a Ucrania, lo que contradice posiciones históricas del movimiento ecologista, y a la vez atender los intereses y reclamos de las empresas en materia de comercio exterior.
Oportunismo o parálisis
Mientras que la guerra no entre en su fase de tregua y negociación y se despejen las incógnitas pendientes en los dos mayores socios del Mercosur (elecciones en Brasil en octubre de 2022 y crisis económica terminal en Argentina), el destino del acuerdo seguirá paralizado, a la espera de un horizonte que permita volverlo a la vida.
Las presiones oportunistas no faltan. La reciente decisión de Argentina de sumarse al proyecto chino de formar parte de la Nueva Ruta de la Seda ha encendido alarmas. Con esa adhesión ya son veinte los países de la región que integran la iniciativa china, uno de los proyectos estrella del presidente Xi Jinping, que busca tejer una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global. Hasta el momento, desde su inicio en 2013, China destinó 755.000 millones de dólares en inversiones a países sumados a la Ruta (información de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Beijing).
Esas inversiones han estado en su mayoría dirigidas a países asiáticos (información de la Universidad de Fudan), pero crece la participación en Oriente Medio y África, mientras que Sudamérica se manifiesta como la región donde la actividad de construcción de los proyectos acordados avanza más rápidamente.
A obras muy significativas en todo el mundo se le suma un número creciente de inversiones en América Latina: tren de alta velocidad, cuarto puente sobre el canal, en Panamá; reconstrucción del aeropuerto internacional de Manta, dos puentes en Manabí, el desarrollo de siete centrales hidroeléctricas y minas de cobre, en Ecuador; proyecto de ferrocarril interoceánico, megapuerto de Chancay —primer puerto de capitales chinos en América Latina, que redefiniría el comercio marítimo del Pacífico sur— y expansión de los yacimientos de cobre de Las Bambas y Toromocho, en Perú; plan de carreteras y explotación del litio, en Bolivia; central nuclear de generación de energía en Atucha III, gasoductos Vaca Muerta, parque fotovoltaico Cauchari, rehabilitación de líneas ferroviarias, parque solar-eólico en Cerro Arauco, interconexión energética norte de gasoductos y líneas eléctricas, en Argentina.
Las previsiones del coste combinado de todos los proyectos globales acordados por China a través de la Nueva Ruta de la Seda (entre 2 y 8 billones de dólares) empequeñece la decisión de la cumbre del G7 de junio pasado de crear un fondo de 600.000 millones de dólares para contrarrestar la influencia china construyendo infraestructuras y estrechando las relaciones comerciales con países de ingresos medios y bajos.
La concreción de un acuerdo de Europa con Mercosur otorgaría a la UE unos costes de importación significativamente más bajos y ventajas sobre China en las exportaciones. Y para los países del Mercosur permitiría una modernización de sus economías y de la competitividad de sus industrias y servicios.
En la actual situación, Mercosur es el socio comercial más importante de la UE dentro de América Latina. Las empresas de la UE exportaron bienes por valor de unos 45.000 millones de euros a Mercosur en 2021 y el Mercosur exportó a la UE unos 42.600 millones de euros. Y su representación dentro del intercambio comercial del Mercosur con el mundo (598.899 millones de dólares en 2021), también es significativa.
Pero Asia es el principal destino de las exportaciones (52%) del bloque sudamericano, así como el principal origen de sus importaciones (45%) en 2021. China representa el 29% del destino de las exportaciones Mercosur (casi triplica el papel de EE. UU.) y el 25% de las importaciones (un rubro donde EE. UU. se eleva al 18% y Alemania, al 5%), lo que muestra claros desequilibrios en la balanza comercial.
El acuerdo UE-Mercosur tiene fuertes detractores entre los defensores del clima, en tanto consideran que el TLC redundará en una expansión del actual modelo económico de producción y consumo que requiere una alta cuota de expoliación de recursos naturales.
Pero a esas críticas se le suman otras, también preocupantes, como la que realiza Filipe Vasconcelos Romão, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Lisboa (UAL) y director de la Cámara de Comercio Portugal-Atlántico Sur, quien advierte que en el acuerdo UE-Mercosur “nunca se implementará la incompatibilidad de las economías francesa y argentina”. Y precisa su diagnóstico: “Alemania y Francia, para expandir la unión aduanera y crear una zona de comercio libre, suscribieron una política común de subvenciones agrícolas. Gracias a esos acuerdos, por los que se fortaleció la industria alemana y se subsidió el campo francés, un consumidor de Portugal paga 50 céntimos de euro, o 0,65 dólares, por un litro de leche, mientras que en Uruguay el litro de leche se paga un dólar a pesar de la dimensión de su producción lechera”.
Aquellos sectores europeos que buscan exportar, como el automotriz, insistirán en la implementación de un acuerdo, pero el escepticismo de Vasconcelos es concluyente: “¿Quien creó una política de subvenciones de tal dimensión va a permitir ahora abrir su espacio a otras partes como el Mercosur?”.
Cambio de estrategia
Pero no todos comparten esa visión. La crisis de alimentos y energía derivada de la invasión y la mala praxis de sanciones apresuradas provocaron una pérdida comercial de 350.000 millones de euros. Desde el bloque comunitario vuelven a surgir entonces voces en favor de la ratificación del acuerdo. En el frente comercial, una nueva estrategia europea (Global Gateway) contempla hasta 300.000 millones de euros en inversión hasta 2027, parte de los cuales deberían destinarse a afianzar los vínculos con Latinoamérica, una región que muchos expertos de la UE consideran “que se descuidó”, siendo —como señala Javier Niño Pérez, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior— “la región más eurocompatible del mundo”.
Urgidos por el oportunismo, funcionarios europeos y eurodiputados hacen hincapié ahora en la necesidad de que el acuerdo sea ratificado porque se trata de “una oportunidad histórica”, sobre todo en estos momentos de crisis por la guerra. Desde el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en Bruselas se reconoce que, si en estas circunstancias se cae el acuerdo, “sería un desastre para la UE y el Mercosur”, y defienden que ratificarlo traería grandes beneficios para ambos.
En su apreciación reiteran una “visión” poco equilibrada de los beneficios mutuos. Jordi Cañas, eurodiputado y presidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, admite que más de la mitad de aquellas pérdidas europeas podrían recuperarse “fortaleciendo las relaciones con el Mercosur”: “Europa necesita mercados alternativos; es un acuerdo estratégico para el futuro de Europa, e histórico por lo que significa. Europa ganaría un mercado y se consolidaría el mayor bloque económico del mundo”.
Ante los temores sudamericanos de que el acuerdo consolide al Mercosur como exportador de materias primas, sin capacidades de agregar valor, Cañas sincera el imposible win-win: “¿Cómo el acuerdo va a hacer lo que ya es así? Ustedes (el Mercosur) en el corto plazo van a perder, pero en el medio plazo van a crecer porque se incorporarán a la cadena global. Europa gana un mercado y el Mercosur, una oportunidad”. Beneficios ya vs. expectativas de futuro. Un raro win-win.
El mismo criterio “europeo” está presente en el análisis de los vínculos de Latinoamérica con China, cuyo comercio se multiplicó por 26 en los últimos 20 años. Frente a esa contundente realidad, Myriam Ferrán, directora general adjunta de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, explica: “Admitimos las facilidades que da China en el corto plazo, sobre todo para los países con más urgencias, pero las consecuencias se ven en el largo plazo cuando los países quedan condicionados por el endeudamiento”. Extraña afirmación, como si las inversiones europeas en Latinoamérica no hubieran generado endeudamiento, como sucede con cualquier préstamo.
Según Ferrán, la UE “tiene su propia oferta” atada a valores de transparencia y con un enfoque “antropocéntrico, ligado a los derechos humanos”. Tal como recordó un funcionario uruguayo a la delegación europea, con la tradicional bonhomía de ese país: “Europa siempre exige y los chinos siempre ofrecen”. Obras son amores, y no buenas razones”, dice el refrán.
Queda claro que la ratificación buscara acelerarse, pero deberá esperar a que Francia, junto con Bélgica, Países Bajos y Austria, descompriman la presión de sus productores agrícolas. La oportunidad surgirá en las próximas tres presidencias del Consejo de la UE, que se renueva cada seis meses (República Checa, Suecia y España), y es posible que se intente cerrar el acuerdo “para fines de 2023, cuando España tenga la presidencia del Consejo”.
Acuerdo UE-México
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, la UE es el segundo inversor extranjero y sus miembros representan el 31,1% de las inversiones que México recibió en los últimos veinte años con un total de 189.300 millones de dólares.
La relación de negocios entre UE y México es estrecha desde 1997, cuando firmaron un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación. Este acuerdo es conocido como “acuerdo global”. Las negociaciones tuvieron una dinámica muy ágil: comenzaron en octubre de 1996 y finalizaron en julio de 1997. Se firmaron entonces tres instrumentos: un acuerdo interino, que establece los mecanismos y el formato para lograr la liberalización comercial; el acuerdo global, que sienta las bases del TLC entre México y la Unión Europea, y el acta final.
Ambas partes aprobaron rápidamente los acuerdos (abril, Senado México, y mayo, Parlamento UE), que entraron en vigor el día 1 de julio de 1998. Las negociaciones del TLC llevaron desde entonces nueve rondas a lo largo de un año y a partir del 1 julio de 2000 estuvieron plenamente vigentes. Con posterioridad, debieron firmar un protocolo adicional debido a la adhesión a la UE de Estonia, Chequia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
Modernización y parálisis
En mayo de 2016, ambas partes plantearon la necesidad de modernizar la parte comercial del acuerdo global y redefinir la visión y los alcances del tratado. E iniciaron una rápida serie de nueve rondas negociadoras desde junio 2016 hasta abril de 2018 en la que México y la UE concluyeron exitosamente las negociaciones del nuevo acuerdo global.
El contexto no era fácil ya que México era acosado por la Administración Trump, que amenazaba con romper el TLCAN, que los asociaba junto con Canadá y cuya conversión en el TMEC (o TLCAN 2.0) se alcanzó en diciembre de 2019.
El nuevo acuerdo UE-México se cerró en la primavera de 2020 e incluye aspectos políticos, económicos y de cooperación destinados a fortalecer el diálogo político, incrementar los flujos comerciales y de inversión y elevar la cooperación científico-técnica. Su parte comercial abre aún más el mercado mexicano a los exportadores e inversores de la UE e incluye nuevos ámbitos, como servicios y alimentos y bebidas.
La actual relación comercial entre la UE y México facilita las exportaciones de las empresas de la UE a México, ya que elimina los aranceles de los productos manufacturados, otorga a las empresas de la UE un trato similar a las de México para participar en licitaciones públicas de suministro de bienes y servicios y facilita el acceso de las empresas de la UE al mercado mexicano en los sectores financiero, postales y de mensajería, telecomunicaciones, transporte, comercio digital, etc.
Pero la histórica celeridad de las negociaciones mexicano-europeas, esta vez parecen haberse trabado. ¿Qué detuvo la ratificación?
Como sucedió con el Mercosur, una delegación de eurodiputados intentó “reflotar” el acuerdo considerado un “modelo” para las usinas de Bruselas. La eurosocialista Inmaculada Rodríguez Piñero, ponente de este en el Parlamento Europeo, reiteraba las urgencias europeas: “El acuerdo comercial es fundamental, porque significará que el 99% de los productos comercializados entre la UE y México estarán libres de aranceles, mientras que el 98% de los productos estarán libres de impuestos a partir de su entrada en vigor”.
Existen varias dificultades. En el terreno comercial, Bruselas tiene toda la competencia, pero en materia de inversiones, cooperación y diálogo político, los parlamentos nacionales miembros de la UE tienen que dar su aprobación.
Las urgencias europeas son tales que el mismo Cañas que intervino en Mercosur no dudó en México en mostrar las cartas para lograr un acuerdo cuanto antes: “Debemos ver si la Comisión Europea tramita su ratificación conjuntamente o va a dividirla”, explicó. “Si se tramita en conjunto, después de la aprobación de la Eurocámara y el Consejo, la parte comercial entra en vigor. Pero, luego, basta que un parlamento regional se oponga para que el acuerdo se caiga, incluida la parte comercial”, algo que ya sucedió con el acuerdo con América Central, que sigue pendiente desde hace diez años. “Dividir el acuerdo con México garantizaría que, por lo menos, las prometidas ventajas para el comercio comenzasen lo antes posible”.
Otro de los inconvenientes proviene del propio Gobierno mexicano. López Obrador impulsa una reforma energética que privilegia la generación de electricidad nacional por encima de las inversiones privadas y extranjeras. Su proyecto permite restringir las ventas de las generadoras de electricidad privadas y favorecer la compañía estatal mexicana. España es el segundo inversor en México y hay 7.000 empresas españolas que operan en el país, muchas vinculadas a acuerdos energéticos y de infraestructura cerrados con anteriores gobiernos mexicanos y buena parte a energías renovables.
El planteo de López Obrador “atrasa” conceptualmente en varios sentidos: se asienta en un nacionalismo económico vetusto y privilegia la explotación de combustibles fósiles en contradicción con la lucha climática. Si bien los acuerdos bilaterales con España tienen normas de protección de inversiones, el acuerdo vigente entre la UE y México no las tienen y, como advierte Cañas, “si mañana se ratificase el acuerdo y entrase en vigor, la parte de inversiones tiene que pasar por los países miembros y, mientras no se haya ratificado, las inversiones no estarían seguras”.
La indignación de la delegación europea es inocultable: “Se está dando una señal nefasta. Es contradictorio y paradójico querer que se ratifique ese acuerdo cuanto antes y, al mismo tiempo, romper las reglas del juego”. Cañas recuerda que las empresas europeas han invertido decenas de miles de millones en energías limpias para México, país que incumpliría con los objetivos de descarbonización reclamados por Naciones Unidas: “Sería bueno lanzar un mensaje claro a México: reforzar las relaciones pasa también por cumplir las leyes y por que estas no sean sujeto de decisiones unilaterales y arbitrarias”.
Lo que sería bueno para forjar una nueva relación birregional es abandonar esa mirada eurocéntrica y suficiente de “valores superiores” y mirar qué está haciendo la UE en materia de descarbonización a partir del conflicto en Ucrania multiplicando el uso de combustibles fósiles. Ese es el camino para conformar algún día una verdadera relación fructífera.
Acuerdo UE-Chile
La otra actualización de los acuerdos con países de la región por parte de la UE implica a Chile. Bruselas es la primera fuente de inversión extranjera y su tercer socio comercial. La base de la relación con Chile se cimentó en el acuerdo de asociación de 2003. Chile es el primer país de América Latina en tener una representación local de la UE desde 1967. En 2020, el comercio entre la UE y Chile alcanzó un valor de 13.400 millones de euros. Y según cifras del Banco Central, el stock de IED de la UE llegó en 2019 a 89.800 millones de euros, un 36% del total de la inversión extranjera en Chile.
Según un informe del Ministerio de Economía de Chile, cuando el acuerdo entró en vigor en 2003, más del 53% de las exportaciones de Chile a la UE consistían en productos mineros y solo el 10% era de productos agrícolas, forestales y pesqueros. En quince años de acuerdo, estos productos se elevaron al 18%. Un resultado que permitirá ver un vaso medio lleno para unos o medio vacío para otros.
Para León de la Torre, embajador de la UE en Chile, “el libre comercio es el mejor instrumento para promover el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la innovación. El comercio se ha más que duplicado. La UE es el tercer socio comercial más importante de Chile y ha contribuido a la diversificación de la economía chilena y la modernización del acuerdo de asociación enviará una fuerte señal para fortalecer la confianza mutua y traer más inversión europea a Chile”.
Mientras que el país debate una nueva constitución, se negocia la modernización de su TLC con Bruselas en medio de un coro de voces críticas no solo en Chile. La objeción que prevale es común al resto de Sudamérica: la persistencia de un modelo de extracción de recursos naturales con poco o nulo valor agregado.
Principal proveedor de litio de la UE, que destina a la industria automotriz para producir baterías para autos eléctricos, Chile exporta cátodos de cobre, celulosa, aguacates, arándanos, vino, nueces y salmón a la UE, libres de impuestos. Como contraparte, la UE suministra vehículos, aviones, medicamentos y productos químicos.
Aunque el acuerdo vigente prevé un arancel cero para el comercio de productos de litio, la UE pretende en el nuevo acuerdo incluir un capítulo sobre energía y materias primas para facilitar aún más el acceso europeo a las materias primas chilenas.
Felipe Lopeandía, jefe negociador por Chile, considera negativa esa posición de Bruselas: “La UE quiere acceso preferencial a ciertas materias primas. Tal obligación podría convertirse en una especie de camisa de fuerza para Chile” y podría evitar que Chile desarrolle su propia industria de baterías de litio, permaneciendo como simple proveedor de materia prima.
Otro de los sectores donde se plantean objeciones es la agroindustria. Los problemas climáticos han puesto de manifiesto el uso abusivo del recurso del agua, que en Chile está absolutamente privatizado desde Pinochet. Mientras que parte del país muestra desde hace años las consecuencias de duras y persistentes sequías (parte de la población ya es abastecida de agua por camiones), su consumo por las plantaciones de aguacates es insostenible. Además, el sector mantiene un esquema de trabajo informal y precario (temporeros) que agudiza los problemas sociales.
En el mismo sector, la importación de plaguicidas de empresas europeas como Bayer, BASF y Syngenta a Chile se ha multiplicado e incluyen algunos componentes prohibidos en la UE por su alta peligrosidad para la salud. Un reciente informe de Deutsche Welle puso de manifiesto las críticas chilenas al capítulo sobre propiedad intelectual. El nuevo acuerdo prevé que Chile firme el Convenio Internacional para Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91 —a propuesta de la UE—, lo que podría incrementar la privatización de semillas, algo que cuestionan los sectores rurales más vulnerables: “Esto no solo conduce a una pérdida de biodiversidad, sino que también pone en peligro nuestra seguridad alimentaria. Si se patentan las semillas tradicionales, los pequeños agricultores ya no pueden plantarlas porque pasa a estar prohibido”, dicen.
Quienes propician la pronta actualización del TLC entre la UE y Chile sostienen que significará un mayor acceso al mercado. El porcentaje de productos cubiertos por rebajas arancelarias por parte de la UE pasará del 94,7% al 99,6%; es decir, casi el total de las exportaciones chilenas a la UE o lo que es lo mismo: 918 productos con mejoras, 653 en calendarios de desgravación, 140 en cuotas “mejoradas” en carnes, ajo, preparaciones de atún, más una línea de confitería y otra de chocolates y 125 productos que podrían ingresar en cuotas con arancel cero.
Entre los productos con mejoras se destacan el aceite de oliva, las carnes de vacuno, ovina, ave y cerdo, la leche, productos agroindustriales, preparaciones alimenticias, huevos, etanol, chocolates, galletas, salmón, merluza y preparaciones de atún, granos de cereal y champiñones.
Los partidarios del nuevo acuerdo destacan, entre otras cosas, la eliminación de barreras comerciales, la adopción de normas ambientales y protección los inversores, sumado a que por primera vez la UE incluye un capítulo de género y comercio, lo que promueve la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres.
Frente a esa exhibición de “valores europeos”, los críticos destacan que el propio estudio de sostenibilidad encargado por la UE afirma que los cambios económicos provocados por el acuerdo tendrán “poco impacto” sobre el medio ambiente y la situación de los derechos humanos en Chile.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales documenta violaciones de derechos humanos por parte de empresas europeas en Chile. Judith Schönsteiner, su directora, considera insuficiente el estudio de sostenibilidad porque utiliza un método cuantitativo que “puede proyectar los flujos comerciales, pero no captura datos cualitativos como la protección de los derechos humanos y de la legislación laboral».
La experta recuerda que “los capítulos sobre protección ambiental y derechos humanos en los TLC no suelen ser vinculantes, porque no son justiciables, es decir, no se pueden demandar. Nadie que sea una víctima puede demandarlos. El Estado tendría que hacerse cargo de eso, lo que no sucede”.
Las exigencias de la UE incluyen además un capítulo sobre solución de controversias que establece tribunales de inversiones para resolver conflictos entre inversores y Estado, que permiten a estos demandar a los Estados si aprueban leyes sobre protección de los trabajadores o del medio ambiente o si nacionalizan los recursos naturales, medidas que podrían perjudicar sus ganancias. Algo bastante lejano de los “valores europeos ejemplificadores” y mucho más en un país como Chile, con condiciones laborales precarias (más del 40% de la población activa trabaja en el sector informal, en condiciones inestables, sin contrato de trabajo ni seguridad laboral alguna).
Por otra parte, el nuevo acuerdo no prevé sanciones si las empresas violan los derechos humanos o contaminan el medio ambiente y solo prevé conformar un panel de expertos que haga recomendaciones (cap. “Comercio y desarrollo sostenible”). En el propio Parlamento Europeo se ha reclamado establecer mecanismos vinculantes de solución de controversias tanto en el acuerdo con Chile como en el que se gestiona con el Mercosur.
En medio, Chile debate su nueva constitución, lo que introduce un escenario político difícil y áspero. Por eso el embajador de la UE en Chile reclama celeridad. “Nos gustaría concluir las negociaciones antes de que comience un complejo ciclo en Chile que podría dificultar la celebración de acuerdos como este”. Pero, aunque para la UE el texto “técnico” acordado en 2021 con el Gobierno de Piñera es “definitivo”, para el actual Gobierno de Boric hablar de cierre “técnico” de negociaciones es solo un “acto comunicacional”. Por eso la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) envió una delegación en junio a Bruselas para fijar sus discrepancias con el nuevo Acuerdo de Modernización.
A la espera
Los tres acuerdos en curso entre la UE y América Latina están cruzados por objeciones que determinan ubicarlos entre la parálisis y los condicionamientos de la geopolítica mundial. Para ratificar el “oportunismo” que marca la estrategia actual de estas negociaciones con América Latina, el propio ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, pidió a sus socios europeos que avancen “definitivamente en la ratificación de los acuerdos comerciales de la UE con Chile, México y Mercosur”. Queda por saber la respuesta de sus socios latinoamericanos. 
