La visión del empresario moderno está cambiando. Consecuentes con el importante rol que la cultura tiene en el progreso social, las grandes empresas están tomando el lugar de mecenas.
Por Laura Raquel Martínez
La actual relación de la empresa moderna con la cultura evidencia una simbiosis confiable, donde el mundo empresarial aporta al mencionado sector no solo financiación sino también técnicas de gestión.
A través del mecenazgo, el sector público y el privado blanquean un vínculo que parecía transitar los límites de lo tolerable. Mientras que la cultura necesita entenderse como una industria o una empresa, las organizaciones necesitan consolidar una imagen positiva.
Si bien la empresa tiene por principal objetivo lograr una rentabilidad económica que permita su desarrollo, también debe asumir una responsabilidad social y colectiva con su entorno, coinciden los diferentes analistas.
El mecenazgo, en ese sentido, otorga la posibilidad de que el contribuyente pueda decidir, al menos parcialmente, hacia dónde redireccionar una parte de sus impuestos.
Hoy, algunas naciones de Iberoamérica están avanzando en la conformación de regímenes legales específicos de estímulo al mecenazgo y patrocinio empresarial a la cultura. Y, si bien existen sistemas más o menos consolidados, aún se discute su legalidad.
Además, a la falta de difusión de las leyes y reglamentos que hacen posibles las donaciones con beneficios fiscales, se suma la carencia del seguimiento y relevamiento de las contribuciones en el sector.
No obstante, en la mayoría de los países latinoamericanos continúa siendo el Estado el principal proveedor de recursos para la cultura, con ciertos mecanismos más o menos desarrollados de estímulo al mecenazgo privado.
Para David Güell, responsable de comunicación de la Fundación Catalunya –institución española dedicada a colaborar entre el sector privado, la sociedad civil y la cultura, promoviendo la creación de instrumentos de financiación–, “la cultura es un motor económico evidente y constante”.
El consumo cultural viene buscando indicadores de mercado real o potencial como forma de cuantificar parámetros que evidencien una cifra del impacto que puede tener un hecho artístico, explica.
No obstante, destaca: “Es difícil cuantificar el valor ético y estético del hecho cultural”. Frente a la falta de recursos públicos de los que ha sido dependiente durante décadas, la cultura y sus actores deben reinventarse.
“Hay que perder el miedo a entender la cultura en términos de industria cultural o empresa para que se adecúe a una economía de mercado que pide un producto excelente”, dice Güell, quien resalta que esa idea conlleva saber manejar una buena dinámica entre cultura, empresa y sociedad.
¿Cómo aplican el mecenazgo los países iberoamericanos?
La experiencia demostró que las políticas culturales más eficientes suelen ser las del ámbito tributario, advierte el investigador Cristian Antoine, doctor en Ciencias de la Información y especialista en Gestión Cultural por la Universidad de Chile.
Y destaca: “Eso se da especialmente cuando están planteadas dentro de un marco que contempla una intención manifiesta de promover un intercambio más eficiente entre el sector público y privado”.
Si bien existen sistemas más o menos consolidados en algunos países de la región, como España, Chile o Brasil, aún se discuten los términos. En otros, como Argentina o Uruguay, la discusión apenas se está iniciando o simplemente continúa siendo el Estado el principal proveedor de recursos para la cultura.
“En España no existe una ley de mecenazgo como tal, sino que hay una serie de medidas, como incentivos fiscales”, indicó a la prensa local Adriana Moscoso, directora de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte.
Asimismo, señaló que la ley de 2002, 49/2002, conforma la base de la normativa española y que fue modificada en 2014 para fomentar el micro-mecenazgo. Según la funcionaria, el foco está puesto en la figura del mecenazgo para dar el mensaje de que “cualquiera puede ser mecenas”.
La norma española contempla beneficios fiscales de hasta el 75% en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fiscales (IRPF), lo que derivó en que actualmente el 55% de la inversión en España en el sector cultural ya procede del sector privado, que tomó el relevo de las instituciones como mecenas cultural.
En Chile, por ejemplo, en la última década se vieron incrementadas las donaciones culturales de la empresa privada a través de “patrocinio cultural”. Hoy, el mecenazgo en ese país sudamericano, explica Antoine, es una técnica de comunicación por la cual la entidad comercial ofrece recursos en forma monetaria o en especie a una organización o evento con el fin de asociar su imagen corporativa o de marca.
“Resulta preciso conseguir una cultura empresarial que contemple el mecenazgo como algo fundamentalmente interesante y no como una concesión que esta realiza a favor de los poderes públicos”, resalta el especialista chileno.
Otro país con régimen específico de mecenazgo cultural y leyes de aplicación nacional es Brasil. En ese sentido, el gigante sudamericano adoptó una serie de medidas legales y administrativas para estimular la participación del sector privado en la vida cultural.
Desde principios de la década del ‘90, Brasil viene desarrollando proyectos para estimular el apoyo privado a la cultura, logrando establecer un marco jurídico para canalizar recursos privados hacia ese sector.
Los casos de Argentina y Uruguay comparten el hecho de tener regímenes legislativos limitados y ámbitos de aplicación local. En ese sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mayores resultados alcanzó.
Luego de algunas ideas y venidas, en 2009, la capital argentina puso en operaciones las disposiciones para promover el mecenazgo destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos de interés público.
Colombia, México y Perú, cada uno con sus matices, tienen diversos regímenes de promoción empresarial que aún no llegan a conformar una legislación de mecenazgo.
En México existe, por sobre los otros países, una cultura tanto de apoyo estatal a las demandas culturales locales como de mecenazgo empresarial que lleva varios años.
Además, cuenta con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que reúne capitales de la Fundación Cultural Bancomer y The Rockefeller Foundation para proyectos binacionales (México-Estados Unidos) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), que media la relación no solo entre el estado y la cultura, sino también entre éste y el sector privado.
En el mismo sentido, Perú logró cerrar su ley de mecenazgo cultural. La congresista Luciana León fue una de las promotoras de la iniciativa legal que permite a las empresas privadas invertir en el sector cultural y recibir de parte del estado descuentos en los impuestos.
La norma peruana estipula que los benefactores pueden deducir como gasto el 100% del monto que destinen al financiamiento de proyectos o actividades culturales, mientras que, en el caso de patrocinadores, el 50% del monto destinado.
Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Callia, junto a Carmen Cervera, Baronesa Thyssen-Bornemisza 
Restauración de “Susana y los viejos” de Peter Paul Rubens en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 
Detalle de la restauración de “Susana y los viejos” de Peter Paul Rubens en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 
Detalle de la restauración de “Susana y los viejos” de Peter Paul Rubens en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
Empresas con propósito: público, privado y algo más
Un nuevo espacio denominado Cuarto Sector está consolidando su posición en Iberoamérica. Se trata de las empresas sociales, aquellas que no sólo buscan lucrar, sino también tener un impacto social y medioambiental positivo.
Estas empresas combinan lo mejor de los tres sectores tradicionales: privado, público y sin ánimo de lucro, para tratar de resolver los grandes problemas del siglo XXI, como la pobreza, la inequidad y el cambio climático.
Actualmente, la región iberoamericana cuenta con 170.000 firmas de este tipo, que emplean a cerca de 10 millones de trabajadores al año, según el reporte Las empresas con propósito y el auge del Cuarto Sector en Iberoamérica, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en conjunto con IE University.
El estudio se desarrolló en siete países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España) que suman más del 87% del PIB regional. Y destaca que el conjunto de las compañías de este tipo en esos países representa más del 6% del PIB iberoamericano, un porcentaje cercano al 8% que registran la Unión Europea, Canadá y Australia.
Según el informe, los gobiernos de la región son cada vez más conscientes de la necesidad de respaldar a las empresas sociales. “Once países han adoptado o puesto en trámite nuevas leyes y marcos legales destinados a tipificarlas y apoyarlas”, confirma el reporte.
Asimismo, más del 85% de los 3.550 iberoamericanos consultados cree que las empresas con un impacto socio-ambiental positivo deberían recibir más apoyo de los gobiernos, como ayudas, exenciones impositivas o acceso a contratos públicos.
Para Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, los ciudadanos están exigiendo que el desarrollo sostenible, la desigualdad y el cambio climático no sean asuntos solo de estado, sino que exista un papel más activo de las empresas.
Hoy, existen unos 10 millones de organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo, que tomadas en su conjunto formarían la quinta economía más grande del planeta, advierte el informe.
Cada vez resulta más evidente que los sistemas financieros y los modelos organizativos necesitan una profunda transformación estructural. En ese sentido, la visión del empresario moderno está cambiando.
El mecenazgo lo practican, principalmente, las empresas que creen en su futuro, que tienen sentido de comunicación y tienden a afianzar su estructura con un determinado marco social. Los países iberoamericanos, comprendiendo este desarrollo, están cambiando aceleradamente leyes y marcos legales destinados a apoyar a aquellas organizaciones que combinan la actividad comercial con el impacto medioambiental y social.
